Propuestas autonómicas y crisis de gobernabilidad en Bolivia en un contexto de globalización y etnicidad.

Autonomic proposals and crisis of governability in Bolivia in a globalización context and etnicidad.

Pablo Regalskyⁱ

Resumen

Las actuales demandas de autonomía por parte de los departamentos ubicados en la “media luna” del Oriente boliviano dirigidos por los sectores empresarialesⁱⁱ y las propuestas que por su parte y desde el polo opuesto hacen los movimientos indígenas campesinos requieren situar este proceso de reconfiguración territorial en un contexto de crisis estatal.

No solo se trata de un sistema de gobernabilidad el afectado sino que es la forma estado nación como tal que entra en cuestión como resultado de las propuestas indígenas de establecer una forma plurinacional de organización política territorial a través de la Asamblea Constituyente ahora en cursoⁱⁱⁱ. Este es un proceso cuyas raíces y ramificaciones van más allá de las fronteras del país.

Palabras clave

Estado-nación, gobernabilidad, etnicidad, globalización.

Abstract

Current demands for departmental autonomy for the “Media Luna” which is constituted by Bolivia’s Oriental departaments, are being led by businessmen. On the other hand, indigenous movements’ proposals for territorial autonomy require a definition of the actual situation of state crisis for a better understanding of the territorial reconfiguration in process.

This process not only affects governance but the nation state itself is put into question as a result of indigenous demands for the establishment of a plurinational state through the Constituent Assembly now functioning. This is a process with roots and ramifications well beyond the country’s borders.

Keywords

Nation-state, governance, ethnicity, globalization.

Introducción

El enfoque tradicional para entender la gobernabilidad como la capacidad para solucionar conflictos en un marco institucional dado que estaría formado por “partidos políticos, agencias de desarrollo, gobiernos o administraciones públicas” (Prats 2004) es insuficiente para entender la dinámica boliviana y deberá ceder terreno frente a un tipo de análisis que permita complejizar los procesos políticos ubicándolos dentro de marcos más amplios^iv.

Desde fines de los 70 el extraordinario desarrollo político del país ha ido reflejando de una manera particularmente aguda la evolución y el resultado de una serie planetaria de crisis económicas y alternativas políticas encadenadas (Ugarteche 1997) que últimamente han derivado en una declinación hegemónica global. La existencia de esta crisis hegemónica global ha dado lugar a distintas interpretaciones. Una de las más difundidas la entiende en el marco de un “choque de civilizaciones” (Huntington 1996), mientras que el fenómeno conocido como “globalización” es interpretado como evidencia de esta declinación expresada en una descentración de los procesos de acumulación (Friedman 1998; Arrighi y Silver 2005). También pueden encontrarse quienes sostienen que la crisis civilizacional estaría derivando en un “descenso en el tribalismo”(Williams 2006). Finalmente, hay quienes reconocen que los nacionalismos eran novedades del siglo XIX y que hoy están surgiendo nuevas entidades globales como el movimiento indígena en el continente americano (Niezen 2000) y el islamismo en Asia, Europa y África que cuestionan la soberanía del estado nación.

El ejercicio del control estatal sobre el territorio

El Estado boliviano perdió en buena medida el control social sobre el espacio rural en el Occidente andino a partir de 1979 como consecuencia de la ruptura del Pacto Militar Campesino (PMC). Hasta 1953 el sistema de control social y político sobre la población rural era ejercido a través de los miembros de la clase propietaria dueños de latifundios o de minas. Operando en un estilo de autoridad carismática y localizada y fuera de marcos institucionales o legales pero en estrecha alianza con diversos niveles estatales, compensaban la debilidad del Estado boliviano de manera de disponer de cierto control social disciplinario sobre la mano de obra indígena dentro de las haciendas y las minas de su propiedad. Ese gobierno indirecto latifundiario-minero se revierte y transforma, luego de la revolución del 52, cuando aparecen los esbozos de gobernamentalidad que son ya usuales en occidente (Foucault 1991).

Pese al esfuerzo por reclasificar la población –desaparece el indio del vocabulario estatal y en su lugar se establecen políticas de clase- y por establecer formas de socialización y disciplinamiento por la extensión masiva de la escolarización hay un fenómeno paradójico y que retrotrae a la historia colonial. Comienzan a reaparecer los gobiernos indirectos indígenas, esta vez bajo las nuevas denominaciones sindicales comunitarias-campesinos, y bajo la cubierta de políticas corporativas ejercidas tanto desde el gobierno civil movimientista^v como en los posteriores gobiernos militares (Yashar 1999) y bajo la cobertura de un Pacto Militar Campesino que los invisibilizaba bajo un orden jerárquico y hacía imposible visualizar ese proceso de creciente autonomía. Ya en 1952 se había dado el fenómeno temporal de gobiernos locales ejercidos a través de milicias mineras con características de poder territorial local dual respecto al gobierno ejercido desde La Paz, las prefecturas y subprefecturas por el MNR (Dunkerley 1987; Zavaleta 1987). Los gobiernos locales campesinos fueron temporalmente subordinados al estado a través del proceso de cooptación de líderes facilitado por la distribución de títulos individuales de propiedad de tierras de la Reforma Agraria, firmados por el Presidente en persona, primero bajo el MNR y desde 1964 por el gobierno militar de Barrientos (1964-1969).

Es en el gobierno de Barrientos que se intenta instalar el mencionado orden de tipo corporativo en el área rural que subordinaba a las comunidades rurales al control vertical de los coordinadores que ejercen el mando del Pacto Militar Campesino. El funcionamiento de dicho Pacto, vertical y autoritario, no permitió identificar que había en marcha otro proceso subterráneo y molecular hacia la autonomización de las comunidades rurales que se estaba dando bajo sus mismas narices. Otro poder territorializado que se estableció con la Revolución del 52, el del movimiento minero y que según Zavaleta y otros llegó al nivel de un poder dual, primero fue aislado del movimiento campesino a través de la reforma agraria preventiva y a la vez neutralizado por las milicias del MNR, para luego ser aplastado por la vía militar en 1967.

Este es el período (1952-1974) en el cual se construye por primera vez en el período republicano con cierto éxito un estado revigorizado que adquiere carácter hegemónico como depositario de una emergente conciencia de Nación boliviana. La reconstrucción nacional del estado republicano post colonial suponía una efectiva integración cultural, un proceso de homogenización cultural que integre los pueblos indígenas y originarios en torno a una nueva conciencia de nación. En este sentido, por primera vez se desarrolla un sistema escolarizado de forma general en las comunidades rurales que intenta imponer coercitivamente la difusión del idioma castellano como única lengua oficialmente reconocida, que difunde la versión de la historia propia de los vencedores criollos y que promueve un concepto de autoridad abstracta estatal en desmedro de los conceptos paternalistas de autoridad familiar y comunitaria vigentes en las comunidades rurales y con el objetivo de desintegrarlas (Carnoy 1974; CSUTCB 1991).

Este período nacionalista coincide con el período global de descolonización posterior a la Segunda Guerra Mundial que establece una única forma de organización del estado en todos los continentes: el estado nación para todo el orbe como articulador de la malla del mercado mundial (Wallerstein 1999). La imposición del estado nación como institución política postcolonial sin tener en cuenta la debilidad de desarrollo de una élite nacional capaz de dirigir un proceso de homogenización cultural condujo a un período de desorden generalizado, sobre todo en el continente africano. El nacionalismo boliviano de los años 40 y 50 coincide y es influido por el desarrollo de la ola de experiencias nacionalistas en varios países latinoamericanos como Argentina, Brasil, Chile, Perú, etc. que expresan también un vacío de poder en el momento de transición hegemónica, entre la retirada del imperio británico y la consolidación de la dominación americana en las áreas de influencia que van dejando los ingleses en Latinoamérica.

Hasta aquí hemos tratado de mostrar que los procesos de construcción institucional del estado boliviano tienen que ver con dinámicas y procesos globales que en el caso boliviano adquieren forma particularmente agudas dadas las peculiaridades de las relaciones de fuerza y la historia particular de la constitución de las élites y de las organizaciones indígenas y movimientos sociales en Bolivia que hemos estudiado en otro lugar (Regalsky 2003).

Es por esa constitución particular de las relaciones de fuerzas en Bolivia entre las clases dominantes que no logran asegurar su dominio territorial con respecto a los movimientos sociales, los pueblos indígenas y las comunidades; y la capacidad de estos movimientos para transformarse en procesos nacionales, que el momentum del estado nacionalista dura muy poco. A la ruptura del PMC en 1979, los sindicatos campesinos comienzan nuevamente a ejercer un auténtico rol de gobierno indirecto local al margen de la institucionalidad del estado (Rivera 1984; Regalsky 2003). Lo que determina que esta pérdida estatal del control social sobre el espacio rural se transforme en una crisis de la forma nación del Estado boliviano es el hecho de que esas comunidades comienzan un proceso de etnificación y recomposición de sus espacios de poder locales como parte de movimientos que a la vez adquieren carácter nacional y de clase. Este proceso puede ser mejor explicado si no se acude a un marco histórico restringido artificialmente a las fronteras nacionales puesto que las peculiaridades bolivianas solo estarían reflejando de una manera especial lo que se está dando de manera generalizada y en todo el planeta en el marco de un proceso global de declinación de hegemonía que implica la crisis de la forma nación del estado (Friedman y Chase Dunn 2005).

Reformas del estado: inclusión política indígena y politización de la diferencia cultural

La construcción de fronteras étnicas que tiene lugar desde abajo a partir de mediados de los años 1970, primero en la forma de ejercicio de gobiernos comunales indirectos de facto y luego potenciadas por la acción ideológica encabezada desde las entidades matrices indígenas (CSTUCB, CIDOB)^vi representa un desafío planteado a las formas culturalmente homogeneizantes del estado nación. Aquello que Anderson denomina “una expresión alterada de la conciencia”, una “anomalía” y que hasta pocos años antes eran formas que se daban como incuestionables en la conciencia nacional (Anderson 1993:15) es ahora un objeto de discusión y de rechazo por grandes masas de la población. La erección de fronteras étnicas comunitarias puede ser entendida como un proceso de creciente politización de la diferencia cultural (Smith 1986). Esas fronteras encierran nuevas jurisdicciones que se ejercen desde una normativa paralela a la del estado.

Las condiciones básicas de gobierno en la forma estado-nación se dan a través de la imposición de la homogenización cultural por parte de una minoría étnica y de un sistema de ciudadanía ciego, en teoría al menos, a la diferencia cultural y social a través del cual se establece una desagregación social e individuación que desconoce la existencia de sujetos colectivos (Bourdieu 2005). A diferencia de las formas de gobierno por recurso a la diferencia que fueran establecidas por los imperios coloniales multinacionales hasta antes del siglo XIX, el sistema de ciudadanía supone la igualdad de todos como individuos ante la ley, la existencia de una sola ley en el territorio nacional y el no reconocimiento de sujetos colectivos.

El creciente espacio político que generan los gobiernos indirectos comunitarios indígenas y campesinos supone el principio del fin de aquella forma de gobierno cuyas herramientas fundamentales son la homogeneidad cultural y el monismo jurídico (Assies, Van Der Haar et al. 1999). (Re) aparecen los sujetos colectivos indígenas y comunitarios campesinos con jurisdicción propia y que reclaman su propio territorio. La creciente fragmentación del espacio político-cultural nacional genera condiciones de in-gobernabilidad (visto desde arriba) de los espacios locales que, de esta manera, van a determinar de manera fundamental los sucesos en los siguientes treinta años.

La ley de participación popular de 1994 (LPP) intentó responder a esa creciente etnificación y cuestionamiento del estado nación por parte de las organizaciones indígenas y campesinas. Con el propósito de desmontar los mecanismos comunales de gobierno indirecto, intenta resolver las superposiciones de las diversas jurisdicciones comunitarias con la estatal a través de la municipalización del espacio rural, extendiendo la jurisdicción municipal por encima de las comunidades rurales e indígenas. La ley reconoce la personería jurídica de las comunidades campesinas e indígenas por primera vez desde el famoso decreto bolivariano que dispone su extinción legal en 1825 y promueve un proceso de modernización e integración en la vida nacional (DE LA FUENTE 2001). Sin embargo, a la vez, establece una forma única de institucionalidad política estatal uniforme y homogénea dentro de la cual tendrán que operar los agentes políticos.

La LPP tiene éxito en incorporar, como parte esos agentes políticos, una capa bastante extensa de dirigentes campesinos indígenas a la administración municipal que se constituye como un espacio de intermediación de la esfera gubernamental con las comunidades en un intento de penetración de las mismas por parte del estado (Blanes y Sánchez, 2000). La LPP es una respuesta estatal y de gubernamentalidad a la insurgencia indígena que, habiendo llegado a un pico en 1992 de una manera que conmueve el conjunto de Latinoamérica, puso en alerta a las elites criollas (Van Cott 2000).

Las movilizaciones indígenas de 1992 fracasaron en el intento de conformar una Asamblea de Nacionalidades en la línea de la institucionalidad colonial entendida como “República de Indios”. La idea dominante en la CSUTCB y la CIDOB parecían encaminarse a establecer un otro estado, paralelo al estado criollo, con sus propias instituciones educativas, sus propias normas y su propio ordenamiento territorial, superpuesto al ordenamiento reglamentado desde el derecho positivo existente. Se producen a partir de allí una serie de acontecimientos que tienen lugar en el nivel más coyuntural de las relaciones de fuerza a medida que el escenario de crisis se va configurando.

La movida política de la ley PP consiste en que por un lado reconoce la personería jurídica de las comunidades indígenas y campesinas, pero por el otro les revoca a éstas las funciones jurisdiccionales que ejercían de hecho. La incorporación de los dirigentes medios provinciales campesinos e indígenas en la estructura de gobierno municipal provoca un proceso de fragmentación en la hasta entonces sólida estructura piramidal de las organizaciones campesinas. La relativa desintegración de las llamadas entidades matrices campesinas e indígenas que tenían el rol de establecer cierta unidad de dichos movimientos por encima de las diferenciaciones étnicas y locales, sin embargo, no significa que el estado recupera el espacio rural dentro del proceso de gobernabilidad manejado por los partidos políticos entonces llamados “sistémicos”. La pérdida de poder de las mencionadas entidades matrices indígenas campesinas conduce por un lado a la exacerbación del localismo y el faccionalismo pero paralela y paradójicamente coincide con el surgimiento de un movimiento político campesino que rápidamente adquiere envergadura nacional y arrastra sectores medios y urbanos hacia lo que parecería ser una salida radical a la crisis de estado (Regalsky 2006).

La crisis de estado tiene varias vertientes que sintetizo aquí desde una interpretación de los tres niveles de relaciones de fuerza que define Gramsci, los cuales, por falta de espacio y necesidad de síntesis deberé combinar sin delinear previamente sus características propias. “Ocurre una crisis que algunas veces dura décadas. Este lapso excepcional de duración significa que se han revelado contradicciones estructurales incurables (…) Estos esfuerzos incesantes y persistentes [por curar estas contradicciones]…forman el terreno de lo ‘coyuntural’ y es sobre este terreno que las fuerzas de la oposición se organizan” (id:409). El nivel más profundo o de larga duración es el constituido por los procesos de estructuración de las clases, capas y sectores sociales en función de la armazón productiva del país y su ubicación en relación al mercado mundial. El nivel intermedio lo constituyen los procesos más políticos en los que estas clases y grupos sociales se posicionan en busca de hegemonía en relación a la sociedad, el estado y las estructuras de poder con sus partidos y organizaciones. Finalmente hay un nivel de inmediatez política que (Gramsci 1984) denomina el de las “relaciones de fuerza político militares”; es el nivel de la coyuntura política donde las clases y capas sociales se desenvuelven en el escenario de las crisis y la confrontación directa.

Cuáles son las condiciones que, en ese nivel intermedio de la configuración de las relaciones de fuerza entre las clases que menciona Gramsci, han dado lugar a los enfrentamientos de los últimos cinco años?

Estabilidad neoliberal (1985-1999) y crisis de estado (2000- 2005)

Pese a (o quizás debido a) que facilita estas novedades político institucionales, la ley de participación popular fracasó en neutralizar la movilización directa y confrontacional de los movimientos sociales y no pudo encauzarlos hacia un proceso de fortalecimiento de la institucionalidad estatal. Por el contrario, una coalición social sin precedentes en la historia del país se configura a partir de la Guerra del Agua en el año 2000 entre los sectores urbanos bajos y medios afectados por el proceso de ajuste estructural ligándolos de hecho a los movimientos indígenas y campesinos que venían en ascenso desde los años 80. Esa coalición social de hecho da por tierra a la fase de gobernabilidad y al programa de gobierno establecida por el pacto de los sectores dominantes, dando también fin a la posibilidad de un gobierno directo de las elites.

Aquella fuerte y –en términos bolivianos- relativamente estable coalición de elites con apoyo de clases medias establecida a partir de 1985 estaba basada en -y unida por- un programa de ajuste estructural, de liquidación del sector estatal de la economía y de garantías a la inversión extranjera que lograría el consenso general ciudadano necesario para la actuación de los denominados pactos. Pero sobre todo, ese consenso de los sectores dominantes con el apoyo de las clases medias estaba dirigido a desarticular al movimiento obrero que pusiera al país en situación de poder dual entre 1984 y 1985. Ese programa de acción era el que daba coherencia a las formas institucionales que hicieron viable el funcionamiento de la democracia parlamentaria en Bolivia desde 1985 hasta el año 2000. Contrariamente al pensar de los institucionalistas, no fue la “forma institucional” del Pacto por la Democracia en 1985 lo que aseguró la gobernabilidad, sino la base social y el consenso logrado a través de un programa político. Fue la decisión política de disciplinar a la clase obrera y restaurar la autoridad del estado lo que aseguró la fuerza de dichos pactos. Pese a las continuas y amplias movilizaciones a las cuales apeló en ese entonces la COB^vii apoyada por la CSUTCB, el bloque social dominante no ofreció fisuras.

A partir de la Guerra del Agua ese programa pierde el consenso de las clases propietarias, como vemos en el caso de los sectores campesinos regantes que tradicionalmente eran baluartes de los partidos del Pacto por la Democracia. El éxito logrado por una coalición de clases subalternas que se opone a la privatización del agua en Cochabamba y que se expresa a través de la entonces muy popular Coordinadora del Agua provoca una crisis de confianza en la viabilidad del programa neoliberal como fundamento programático de los pactos interpartidarios, rompiéndose entonces el bloque sin fisuras que había permitido el desempeño eficaz de esos pactos. El hecho de que las clases propietarias medias empiezan a desertar de ese programa de modernización y el creciente repudio a las prácticas corruptas de las élites políticas carcome entonces la viabilidad hegemónica de dichas élites en control del estado.

A consecuencia de la crisis de dicho pacto (el Acuerdo Patriótico y sus diferentes variantes de acuerdos interpartidarios que le aseguran mayorías parlamentarias al gobierno de turno) y de su programa, el funcionamiento eficaz de la institucionalidad estatal queda paralizada a partir del año 2000. Sin embargo no hay que confundir la crisis de los pactos interpartidarios con la crisis del estado. Lo que hizo inviables los pactos interpartidarios no era simplemente una cuestión de caída de la imagen pública de los partidos^viii. Tampoco se trataba de la incapacidad propia de los partidos políticos bolivianos para ejercer la representación política (Mayorga 2005). Aquí es cuando podemos verificar las limitaciones del enfoque subjetivista-institucionalista.

Cuando ponemos el acento en las conexiones entre el proceso de crisis estatal y la crisis de hegemonía global no estamos pretendiendo establecer alguna forma de determinismo. Lo que vemos es que las particularidades bolivianas y la debilidad sempiterna de su estado ahora debe enmarcarse en una declinación de hegemonía global siendo ese el proceso que va a marcar la dinámica de los acontecimientos. Marcar la dinámica de los acontecimientos nacionales no quiere decir determinar sus resultados ni condicionar teleológicamente el proceso, pero si nos permite establecer herramientas heurísticas para entenderlo. Si no entendemos esa declinación de hegemonía global que marca la crisis de los estados nación a escala planetaria, no podríamos medir la diferencia abismal que hay entre la crisis de estado en la revolución del 52 que da lugar a un proceso nacionalista en el cual encuentra su apogeo el estado nación, con respecto a la actual crisis de estado donde más bien la forma estado nación entra en declinación.

Los movimientos sociales se politizan como consecuencia de la incapacidad del estado de dar concesiones parciales que permitan mantener dichos movimientos en el marco de la demanda sectorial. La radicalidad con la que los gobiernos han acometido las reformas estructurales ha llevado a dichos movimientos a comienzan a plantear alternativas al sistema político aun en forma embrionaria. Las demandas de transformaciones dentro del modelo “neoliberal” de control de los recursos chocan contra la muralla de piedra de los pactos de gobernabilidad.

Una vez lograda la primera victoria de los movimientos sociales en la Guerra del Agua en el año 2000, y frente a la necesidad del estado de recuperar ese terreno perdido, las demandas se elevan a la cuestión de la configuración territorial del estado: quiénes controlan qué recursos en qué territorios. Esto ya se avizora en las demandas de reconocimiento territorial que aparecen en la marcha de los pueblos indígenas de tierras bajas que sale del Beni y llega a La Paz en setiembre de 1990 y logra la dictación de los decretos de reconocimiento territorial.

Las elecciones de junio de 2002 son cuestionadas por la Tercera Marcha indígena, esta vez demandando la convocatoria de la Asamblea Constituyente. Febrero de 2003 es testigo de la crisis de institucionalidad de estado que deriva en los enfrentamientos entre la policía y el ejército. Las sublevaciones urbanas y rurales en octubre de ese año dejan la partidocracia y su credibilidad semidestruída, y con el presidente artífice de las reformas estructurales en fuga. Amenazada de colapso total con los movimientos sociales que tienen lugar entre mayo y junio de 2005, la institucionalidad estatal es salvada momentáneamente de su ruina por el MAS, partido nacido del movimiento campesino cuyo líder exige una convocatoria a elecciones y que, en los hechos, logra renovar el mandato del sistema político estatal y lo reconstituye en el presente período 2006-2011 (Regalsky 2006).

Se abre entonces una extraña lucha: por un lado quienes surgieron como partido político “antisistémico” a partir de los movimientos indígenas y campesinos y son elevados al gobierno en diciembre de 2005 con un mandato de transformar el estado interpretan ese mandato en el sentido del fortalecimiento institucional dentro de la ley, es decir, dentro del actual marco de estado-nación. (Seleme 2006) La derecha tradicional desplazada del control del gobierno, en cambio, interpreta el ascenso al gobierno del MAS como el preludio de una transformación radical de la configuración territorial y se lanza al atrincheramiento de sus posiciones en la llamada Media Luna formada por los departamentos del Oriente, Norte y Sur del país.

El cambio de las coordenadas geopolíticas en Bolivia

El actual proceso de avance y lucha por las autonomías, unos a nivel departamental y otros a nivel de los territorios indígenas, está por llevar el conflicto jurisdiccional generado por los mencionados gobiernos comunitarios indígenas y campesinos a un nuevo terreno, aun desconocido pero cuyas consecuencias pueden preverse si se cuenta con un marco teórico y una metodología de análisis adecuados. Un marco puramente preceptivo o normativo como el que proveen diversos análisis institucionalistas desde las ciencias políticas es insuficiente para entender este proceso.

Parece haber asombrosas similitudes y, por supuesto también diferencias notables entre el proceso de crisis y reconfiguración territorial que vive en este momento Bolivia y lo ocurrido en tiempos de la Guerra Federal de 1899. Como en ese período, estamos viviendo la culminación de un proceso de globalización y expansión imperial teñidas fuertemente de ideología liberal. Como en ese período estamos observando un auge de discursos racistas y de supremacía civilizatoria blanca y occidental, expresados dentro del país en los recientes sucesos de Cochabamba en enero de 2007^ix y en forma global como parte del resurgimiento del fundamentalismo cristiano.

Como en tiempos de la guerra federal, se está produciendo desde hace un par de décadas el desplazamiento del eje geopolítico nacional como consecuencia de la inserción de los sectores propietarios e intermediarios del capital en nuevas áreas productivas y extractivas. El actual desplazamiento, es bien sabido, es desde el occidente minero al oriente petrolero y agroexportador. Este cambio no solamente se relaciona a las modificaciones en la configuración de los centros de poder político y económico nacional, sino que además tiene que ver con el surgimiento de Brasil como potencia regional sudamericana. Aunque la salida al Pacífico sigue siendo importante para las exportaciones mineras, las coordenadas exportadoras se desplazan en la actualidad hacia la cuenca atlántica y a un relacionamiento estrecho con la economía brasileña (y también colombiana) con las exportaciones de gas y derivados de la soja.

Cuáles serían las diferencias? Hay dos grandes: La primera tiene que ver con el contexto globalizador: mientras la expansión de las rutas marítimas, el telégrafo, el ferrocarril y el capital financiero de fines de siglo XIX tenía las características de una expansión civilizatoria en ascenso cuyo resultado fue la total mundialización de la civilización europea, la actual expansión globalizadora tiene características profundamente diferentes.

En el aspecto financiero se trata hoy de una expansión básicamente especulativa y no productiva del capital, que se limita a consolidar grandes monopolios globales que aseguren retornos financieros aceptables. En lugar de asegurar la concentración de la actividad manufacturera global en los grandes centros industriales, hoy esos grandes centros se des-industrializan, mientras los capitales productivos se de-centralizan. La mitad de la producción global y del intercambio internacional parte de países no metropolitanos.

De hecho el proceso de globalización actual se estaría presentando como una crisis del proceso de crecimiento del capital en Occidente y su descentración hacia el Oriente. La consecuencia aparece como crisis de hegemonía de la civilización de occidente reflejada en el fenómeno del resurgimiento del islamismo y en la creciente incapacidad de ejercitar el dominio occidental sobre zonas claves de producción petrolera del planeta. Pero la crisis de hegemonía ha tenido otra cara, y es en el mismo patio trasero de lo que se consideraba la potencia hegemónica desde mediados del siglo XX, y esta cara la constituye el surgimiento vigoroso de los movimientos indígenas latinoamericanos.

Aquí se puede marcar la segunda diferencia con el período de la guerra federal de 1899 y el paralelo levantamiento indígena de Zarate Willka. El alzamiento de Zárate Willka se dio en el marco de una expansión civilizatoria de Occidente de un alcance y velocidad que no tenía precedentes. El momento actual de la confrontación entre los insurgentes indígenas y las elites vinculadas globalmente estaría marcado por una relación de fuerzas en inversión: la globalización sería aquel punto de inflexión en el que anteriores civilizaciones han comenzado su declinación (Friedman y Chase 2005).

Los tres niveles de propuesta autonómica

De allí que los tres niveles de autonomía a los que aludimos no tienen que ver con una re-organización racionalizada del estado (Barrios 2002) sino con una aguda confrontación social y crisis de estado. Un conflicto cuya resolución derivará de las tensiones en correlación aún por definirse.

Un nivel de autonomía territorial nominalmente reconocido por el estado es el municipal. Tiene que ver con el proceso establecido por la ley de participación popular en la relación contradictoria del estado con las comunidades campesinas indígenas. Aquí se hacen evidentes las tensiones entre el intento de penetración estatal a las comunidades, de manera de imponer el actual marco monista de derecho positivo, con respecto al proceso de construcción de fronteras étnicas correlacionadas con un pluralismo jurídico fáctico. No obstante dicho reconocimiento de autonomía municipal también está en contradicción con el establecimiento del sistema de regulación SIRESE o ley de superintendencias que recorta las competencias municipales a un mínimo.

Los pueblos indígenas en su propuesta dirigida a la Asamblea Constituyente (Pacto de Unidad 2006) consideran la existencia de autonomías municipales dentro de la figura que proponen de “autonomía indígena”, la que se organiza tanto en el nivel local como intermedio. El nivel local supone la constitución de municipios indígenas, aunque ese nivel local asumiría o se construiría siguiendo aquellas formas de organización política que mejor concuerden con los usos y costumbres, “el proceso de reconstitución de las naciones originarias y pueblos indígenas en base a sus territorios ancestrales”, las “ecorregiones con base cultural indígena originaria y campesina” (id:7) y según cada pueblo específico lo determine. El principio subyacente es el de “autodeterminación y autogobierno para definir sus sistemas jurídicos, elegir autoridades y estructuras de gobierno” (id:9). La propuesta indígena considera la necesidad de creación de “autonomías interculturales urbanas” para los niveles locales en las ciudades y conglomerados pluriculturales. Estas autonomías locales interculturales servirían de base para la constitución de regiones interculturales autónomas.

Es conveniente notar que hay algunas nociones contradictorias entre diferentes organizaciones que han tomado parte en la redacción de la mencionada propuesta indígena campesina, puesto que estas nociones intervienen en el tema de la consideración de las autonomías urbanas. En el caso de CONAMAQ^x, que dice no representar a campesinos sino a naciones originarias, está claro que no acepta partir de criterios de estratificación social que diferencien a los campesinos de quienes son vecinos de pueblos, sino que asimila ambos en una sola categoría de autoadscripción étnica.

En cambio las categorías sociales son básicas para los miembros de la CSUTCB y los colonizadores de la CSCB^xi. Para los sindicatos campesinos, es clave el tema de la diferenciación social entre los pueblerinos criollos y a quienes ellos reivindican como originarios, que son básicamente los campesinos comunarios que viven y se sujetan a una autoridad originaria o sindical campesina, viven bajo las normas que dicta la comunidad y no abarca aquellos que viven integrados en ciudades bajo sistemas legales y de autoridad no originaria aun cuando se auto-adscriban a la categoría de “originarios”.

Este es un tema que no ha sido aún siquiera discutido en profundidad dentro de cada organización y sobre el que hay una gran polémica tanto dentro como fuera de las organizaciones indígenas. La mayor parte de los intelectuales que se adscriben a la categoría de originarios o incluso aquellos que no siéndolo han trabajado arduamente en el tema de la identidad, se adscriben por lo general a la primera posición, esto es, que la auto-adscripción es suficiente referente para determinar si la persona o la colectividad es parte de un grupo indígena u originario.

Desde mi punto de vista y tomando en cuenta la necesidad de establecer parámetros de reorganización territorial, si no existe autoridad territorial indígena reconocida por la población o por lo menos, si no hay trazos de que la población misma esté organizando una estructura de autoridad territorial que se atenga a normas orales, sería muy arbitrario identificar esa población como parte de sistemas de organización territorial y de autoridad autónoma indígena. Es por esto que el actual mapa de las Tierras Comunitarias de Origen demandadas por los pueblos indígenas y las comunidades campesinas originarias a partir de la Ley INRA (1996), es un necesario elemento de partida para una reconfiguración territorial. Esto no significa que no pueda darse un proceso en el que poblaciones urbanas se incorporen voluntariamente a estructuras de ese tipo o incluso las construyan, sin embargo no veo indicios de que se esté dando dicho proceso de construcción de autoridad territorial indígena en conglomerados urbanos o suburbanos.

El proceso autonómico indígena apunta al control de los pueblos sobre sus recursos naturales como parte de la ruptura de “la verticalidad del actual Estado, su estructura de poder, permitiendo la construcción de un nuevo Estado desde ‘abajo’, desde las bases” (Pacto de Unidad, 2006:7). Esto supone que las autonomías disponen de competencias para la administración, uso y manejo sustentable de recursos naturales renovables de acuerdo a usos y costumbres. En el caso de los recursos naturales estratégicos, dispondría del derecho de consulta y veto frente a su exploración y explotación.

La reconfiguración territorial del país daría entonces lugar a un Estado Plurinacional que no solo reconoce la existencia de pueblos y naciones diferentes en su seno, sino el derecho de los mismos a su autogobierno por medio de sistemas de autoridad y de justicia de diseño propio. La organización político territorial plurinacional supone no solo el reconocimiento de la diferencia cultural sino el establecimiento de un pluralismo jurídico como la base de sus sistemas de representación y gobernabilidad.

La propuesta autonomista de la denominada “media luna” va en dirección contraria a la posición representada por los pueblos indígenas. Consiste en defender la actual organización mono cultural del estado, ratificando la actual configuración territorial del estado en departamentos pero poniendo en marcha un proceso de descentralización política conforme las recomendaciones de los organismos multilaterales. En segundo lugar se propone consolidar el dominio sobre los procesos regionales de control de población y de recursos por parte de las élites en función de su rol de intermediación a los capitales transnacionales.

Si bien en apariencia, serían las élites regionales las beneficiarias de este esquema, en la práctica se trata de reconfigurar el eje geopolítico nacional de manera que el centro de poder se traslade al oriente, donde tienen el mayor peso las empresas petroleras y agroindustriales ligadas al mercado o a los capitales brasileños. En los hechos este diseño va en función al proyecto hegemónico brasileño sobre el Oriente boliviano.

La otra razón fundamental para que el comité cívico cruceño proponga que la administración de los recursos naturales no sea desde una administración central ubicada en La Paz y proponga un manejo descentralizado en nombre de mayor eficiencia y participación democrática, se debe sencillamente a que en las condiciones políticas y sociales actuales, esa administración central en el Altiplano está sometida a enormes presiones de la población indígena y de los sectores subordinados, presiones que las elites consideran inaceptables para un manejo racional de los asuntos del estado.

La organización autonómica supondría -en el peor de los casos desde su punto de vista esto es, en caso que las presiones indígenas y de campesinos no sean neutralizadas- una zona de refugio desde el cual las élites dispondrían de la administración de la mayor y mejor parte de los recursos materiales del país (tierra, recursos hidrocarburíferos, capital) posiblemente en función del proyecto hegemónico brasilero al cual se someterían a fin de preservar su rol intermediario. Esta forma de organización les permitiría consolidar formas de control social sobre la mano de obra indígena que no sólo les asegure la continuidad de extracción de excedente económico, sino consolidar su dominación política en dichas regiones autónomas. Política y militarmente, dicha consolidación de poder regional y el estrechamiento de lazos con el expansionismo geopolítico brasileño y multinacional a través de Petrobrás y de los capitales soyeros colombianos y brasileros le permitiría sentar las bases para pelear el próximo traslado del centro político y sede de gobierno de La Paz a Santa Cruz.

Los supuestos tres niveles de autonomía territorial, es decir, la autonomía municipal, la autonomía indígena y la autonomía departamental en realidad se sintetizan en dos proyectos políticos antagónicos.

Bibliografía

ANDERSON, B. (1993). Comunidades Imaginadas: reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo. México, Fondo de Cultura Económica.

ARRIGHI, G. y B. SILVER (2005). Polanyi's "Double Movement". The Belles Epoques of British and U.S. Hegemonies Compared. Hegemonic Declines. Present and Past. J.

FRIEDMAN and C. CHASE DUNN. London, Paradigm: 153-201.

ASSIES, W., G. van der HAAR, et al., Eds. (1999). El Reto de la Diversidad. Pueblos Indígenas y Reforma del Estado en America Latina. Michoacán, El Colegio de Michoacán.

BANCO-MUNDIAL (2000). World Development Report 2000. Washington, World Bank.

BARRIOS, F. X. (2002). El Estado tri-territorial. Una nueva descentralización para Bolivia. La Paz, FES-ILDIS.

BLANES, J., R. SANCHEZ, et al. (2000). Mallkus y Alcaldes. La ley de la participación popular en comunidades rurales del altiplano paceño. 2000, PIEB-CEBEM.

BOURDIEU, P. (2005). "The Mystery of Ministry: from Particular Wills to the General Will". Pierre Bourdieu and Democratic Politics. L. WACQUANT. Cambridge, Polity: 54-63.

CARNOY, M. (1974). Education as Cultural Imperialism. New York, McKay.

CSUTCB (1991). Hacia una Educación Intercultural Bilingüe. Propuesta Educativa de la

CSUTCB. Jayma, La Paz. Raymi. 15 2-25.

DE LA FUENTE, M. c. (2001). Participación popular y desarrollo local. La situación de los municipios rurales de Cochabamba y Chuquisaca. Cochabamba, EDOBOL.

DUNKERLEY, J. (1987). Rebelión en las venas. La lucha política en Bolivia 1952-1982. La Paz, Quipus.

FOUCAULT, M. (1991). Governmentality. The Foucault effect. G. BURCHELL and C.

GORDON. Chicago, Chicago University Press: 87-104.

FRIEDMAN, J. (1998). "Transnationalization, Socio-political Disorder, and Ethnification as Expressions of Declining Global Hegemony." International Political Science Review 19(3).

FRIEDMAN, J. y C. CHASE DUNN, Eds. (2005). Hegemonic Declines. Present and Past. Political Economy of the World System Annuals. Boulder, Paradigm.

GRAMSCI, A. (1984). Antología. México, Siglo XXI.

HUNTINGTON, S. (1996). The Clash of Civilizations. London, Simon and Schuster.

MAYORGA, R. A. (2005). "La crisis del sistema de partidos politicos y el experimento del gobierno sin partidos en Bolivia." Futuros III(9).

NIEZEN, R. (2000). "Recognizing Indigenism: Canadian Unity and the International Movement of Indigenous Peoples." Comparative Studies in Society and History 42(1): 119-148.

PACTO-DE-UNIDAD (2006). Propuesta de las Organizaciones Indígenas, Originarias, Campesinas y de Colonizadores hacia la Asamblea Constituyente. Sucre, ASAMBLEA

NACIONAL DE ORGANIZACIONES INDIGENAS, ORIGINARIAS, CAMPESINAS Y COLONIZADORES DE BOLIVIA.

PRATS, J. (2004). "Perfiles Nacionales de Gobernabilidad. Perfil de Gobernabilidad de Bolivia." en http://www.iigov.org/tiig/attachment.drt?art=62925, 2006.

REGALSKY, P. (2003). Etnicidad y Clase: el Estado boliviano y las estrategias andinas de manejo de su espacio. La Paz, PLURAL.

REGALSKY, P. (2006). "Bolivia Indígena y Campesina. Una larga marcha para liberar sus territorios y un contexto para el gobierno de Evo Morales." Herramienta 10(31): 13-38.

RIVERA, S. (1984). Oprimidos pero no vencidos. La Paz, CSUTCB-HISBOL.

SELEME, S. (2006). "Derechos indígenas y autonomías departamentales." T'inkazos 9(20): 13-40.

SMITH, A. (1986). The Ethnic Origin of Nations. Oxford, Blackwell.

UGARTECHE, O. (1997). El Falso Dilema. America Latina en la economía global. Caracas, Nueva Sociedad.

VAN COTT, D. L. (2000). The Friendly Liquidation of the Past: the Politics of Diversity in Latin America, Univ. of Pittsburgh Press.

WALLERSTEIN, I. (1999). El Moderno Sistema Mundial. Mexico, Madrid, Siglo XXI.

WILLIAMS, H. (2006). The descent into tribalism. The Guardian. London.

YASHAR, D. (1999). "Democracy, Indigenous Movements and the Postliberal Challenge in Latin America." World Politics 52(1): 76-104.

ZAVALETA MERCADO, R. (1987). El Poder Dual. Cochabamba, Los amigos del libro.

Notas