Revista Cultura y Religión, Vol. IV, Nº 2 (octubre del 2010) 4 -19

Iglesia y educación durante la última dictadura en Argentina

Catholic Church and education during the last dictatorship in Argentina

Laura Graciela Rodríguez[1]

Universidad Nacional de La Plata. (Argentina)

laura.rodrig@speedy.como.ar  

Recibido el 31 de marzo del 2010

Aceptado el 15 de julio del 2010.

Resumen

La bibliografía sobre las relaciones entre la Iglesia católica y el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional (1976-1983), ha hecho foco en las posiciones que tomaron sus distintos integrantes frente a las violaciones de los derechos humanos. A diferencia de lo que ocurrió con la Iglesia en Chile y Brasil, en la Argentina sus máximos representantes apoyaron decididamente la represión y el terrorismo de Estado de los primeros años. En este artículo analizaremos un aspecto poco trabajado aún sobre la Iglesia y es la manera en que intentó influir en la política educativa del Proceso. Estudiaremos el contenido del periódico Consudec que fue creado en 1963 por el Consejo Superior de Educación Católica o CONSUDEC, que nucleaba a los colegios secundarios y terciarios y se fundó a fines de los años treinta.

Palabras claves: dictadura- Argentina- Iglesia Católica

Abstract

The literature on the relationship between the Catholic Church and the Proceso de Reorganización Nacional (1976-1983), process has focus in the positions they took their members to human rights violations. Unlike what happened with the Church in Chile and Brazil, in Argentina their representatives supported strongly repression and early State terrorism. In this article we'll discuss a little worked aspect still on the Church and it is the way in which attempted to influence educational policy of the Proceso. We shall examine the content of the newspaper Consudec was created in 1963 by the Consejo Superior de Educación Católica or CONSUDEC, as incorporated to secondary and tertiary schools and was founded at the end of the 1930s.

Key words: dictatorship-Argentina – Catholic Church

Iglesia y educación durante la última dictadura en Argentina

Entre 1930 y 1966 se organizaron en la Argentina cinco golpes de Estado que se intercalaron con regímenes democráticos de distinto tipo. El 24 de marzo de 1976 los integrantes de las tres Fuerzas Armadas organizaron el sexto asalto a un gobierno elegido constitucionalmente, al tiempo que se sucedían otros golpes de similares características en los países del Cono Sur Latinoamericano (Brasil, Chile y Uruguay). En comparación, la última dictadura en Argentina fue la más cruenta de la región. Los organismos de derechos humanos calculan que hubo alrededor de 30 mil “desaparecidos”, denominación que define a las personas que fueron secuestradas por las fuerzas de seguridad y de las que no se supo el paradero durante mucho tiempo. Lo cierto es que la mayoría fue torturada en aproximadamente 340 centros clandestinos de detención distribuidos en todo el país, y/o asesinada. Un gran porcentaje ha sido identificado como trabajador de fábrica y militante sindical y casi el 6 por ciento del total como docente.

La bibliografía sobre las relaciones entre la Iglesia católica y el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional (1976-1983), ha hecho foco en las posiciones que tomaron sus distintos integrantes frente a las violaciones de los derechos humanos (Mignone, 1986; Mallimacci, 1996; Zanatta, 1998; Di Stéfano y Zanatta 2000; Obregón, 2005). A diferencia de lo que ocurrió con la Iglesia en Chile y Brasil (Bustamante 2009) en la Argentina sus máximos representantes apoyaron decididamente la represión y el terrorismo de Estado de los primeros años.

En este artículo analizaremos un aspecto poco trabajado aún sobre la Iglesia y es la manera en que intentó influir en la política educativa del Proceso. Estudiaremos el contenido del periódico Consudec que fue creado en 1963 por el Consejo Superior de Educación Católica o CONSUDEC, que nucleaba a los colegios secundarios y terciarios y se fundó a fines de los años treinta. Tanto el presidente del Consejo como el director de la publicación estaban enrolados en las filas de los católicos conservadores y mantuvieron relaciones fluidas con los tradicionalistas. Como ha señalado Martín Obregón (2005), los obispos argentinos, frente al Concilio Vaticano II se dividieron en tres grandes grupos. Por un lado estuvieron los tradicionalistas, que eran los más intransigentes y se mantuvieron cerca del Vicariato Castrense para las Fuerzas Armadas. Por otro lado, se encontraban los obispos conservadores que habían tomado conciencia de la imposibilidad de una vuelta atrás después del Concilio. Fueron el sector más numeroso y por eso mismo, se caracterizaron por una mayor vaguedad desde el punto de vista ideológico. Los dos se diferenciaban a su vez, de los renovadores que se mostraron más tolerantes a la renovación conciliar (Obregón, 2005:42-6).

Históricamente, la Iglesia consideró a la educación como un área estratégica, aunque pensaba que la legislación le era desfavorable. En la Argentina estaba vigente la Ley de Educación Nº 1.420 del año 1884 que establecía el carácter laico de la enseñanza pública y la obligatoriedad y gratuidad de la educación básica de siete años. Los religiosos tenían la mayor cantidad de establecimientos concentrados en el nivel medio, poseían solo alrededor del diez por ciento de las escuelas primarias y retenían un porcentaje muy bajo de la matrícula universitaria total. Por ende, el periódico era el portavoz de los intereses que tenía la Iglesia en los niveles primario y secundario principalmente.

Durante la última dictadura hubo cinco ministros de educación: Ricardo Pedro Bruera (1976-77), Juan José Catalán (1977-78), Juan R. Llerena Amadeo (1978-1981), Carlos Burundarena (1981) y Cayetano Licciardo (1982-1983). Todos ellos provenían del catolicismo conservador y exhibían distintos grados de compromiso con la jerarquía de la Iglesia. Sin dudas, Llerena Amadeo fue el que estaba mejor vinculado con la cúpula y por esa razón, resultó el que más tiempo duró en el cargo. En este artículo analizaremos las opiniones de los responsables del periódico Consudec sobre los tres primeros ministros que actuaron bajo la presidencia del teniente general Jorge Rafael Videla (1976-1981).

Este trabajo consta de seis apartados, adonde veremos, en los dos primeros, la manera en que los sacerdotes del Consejo apoyaron la llegada del golpe de 1976, se vieron beneficiados al recibir información educativa oficial, le dieron auspicio a distintas medidas del gobierno que generaron controversias con los organismos de derechos humanos, y consiguieron aumentar la cantidad y la frecuencia de sus propios eventos. Al mismo tiempo, se dedicaron a criticar a los defensores de la educación “laica”, identificándolos como sus principales “enemigos”. En el tercer apartado observaremos cómo, en virtud de sostener su relación con los militares, evitaron denunciar las intervenciones que se estaban realizando a sus propios colegios y esto les valió un enfrentamiento público con los nacionalistas católicos. Mientras transcurrían las gestiones de Bruera y Catalán, los del Consejo expusieron sus afinidades con las ideas elitistas sobre educación. En la cuarta y quinta sección veremos que la llegada de Llerena Amadeo al Ministerio fue recibida por los católicos con entusiasmo en tanto provenía del corazón mismo del sistema privado de enseñanza y de sus corporaciones. Los discursos del mandatario daban cuenta de sus compromisos con el sector católico, sus vínculos con representantes del Opus Dei y la intencionalidad de derogar finalmente la ley de educación 1.420.

Por último, caracterizaremos algunas de las medidas que tomaron otras dependencias estatales cuando Llerena Amadeo era ministro y que los perjudicaron directamente, como la eliminación o demora en el pago de los subsidios y la sanción a los rectores por irregularidades administrativas. En este sentido, pretendemos mostrar que si bien la Iglesia sostuvo una alianza estratégica con el gobierno de la última dictadura, tempranamente quedó en evidencia que no hubo acuerdo dentro de la Junta Militar de otorgarles a los católicos el control total de la educación.[2]  En consecuencia, hacia el final del período observamos que la nueva Ley de Educación nunca fue aprobada, el número de establecimientos privados tuvo un crecimiento muy modesto y no pudo imponerse la enseñanza religiosa en el sistema público, tal como se hiciera entre 1943 y 1954.[3] En suma, los católicos debieron contentarse con el cumplimiento de una ínfima parte de sus aspiraciones.   

Los “amigos” y los “enemigos” del Consudec

Hacia 1976 el padre Horacio R. Gutiérrez estaba al frente del Consejo o CONSUDEC y el sacerdote Tomás A. Walsh era el director del periódico. El Consudec era una publicación quincenal que, según rezaba, pretendía estar “al servicio de los colegios católicos”. Producto de sus relaciones con las autoridades del gobierno de facto, en mayo de 1976 el director anunció que se inauguraba una nueva sección denominada “Documentación e Información Educativa”, que contenía la normativa (leyes, decretos, circulares, resoluciones y recomendaciones) más importante que aprobaba el Ministerio de Cultura y Educación y en particular la Superintendencia de Enseñanza Privada (SNEP).[4] A partir de este convenio, la revista pretendía ser un “Digesto” para los directores, rectores y docentes de las escuelas católicas. Dado el tipo de información que contenía, numerosos organismos públicos  de todo el país también compraban el periódico.

Además de esto, en cada número se publicaban en las páginas centrales distintos documentos elaborados por diferentes organismos, como los informes de la Asamblea General de la Oficina Internacional de la Educación (OIC) y del Departamento de Educación del CELAM; la disertación de monseñor Antonio J. Plaza; las conclusiones de la Asamblea de la Conferencia Episcopal Argentina; la Conferencia General del Episcopado Latinoamericano de Puebla; y textos del Episcopado de Chile, entre otros.[5]

El Consudec había pasado de tener 16 páginas el año anterior, a subir a 24 a comienzos de 1976 y en los años del Proceso hubo números que llegaron a tener entre 28 y 32 páginas. La publicación estaba sostenida financieramente por numerosas empresas que publicitaban en sus páginas, a pesar de esto, en más de una ocasión tuvieron que anunciar a los colegios que debían aumentar el precio, a causa del incremento de los costos del papel, la impresión y el correo. Las editoriales eran escritas por el padre Walsh, quien arengaba a los colegios a que compraran más de un ejemplar por establecimiento. En julio de 1979 puso como ejemplo al Colegio Sagrado Corazón de la ciudad de Las Rosas en Santa Fe, que había solicitado 33 revistas convirtiéndose en la más alta suscripción de toda la historia. Así también, manifestaba su preocupación porque los rectores no se quedaran con los ejemplares y los conminaba a que los hicieran circular entre todo el personal. Walsh quería que el CONSUDEC se transformara en un “movimiento” más amplio que abarcara a la totalidad de los docentes, alumnos y familias católicas.

En el número de abril de 1976 el director dio la bienvenida al nuevo gobierno y luego se manifestó a favor de ciertos eventos y medidas que habían generado controversias. A lo largo de 1978 apoyó el Mundial de Fútbol y felicitó al director de la Dirección Nacional de Educación Física por la preparación de la apertura; en julio publicó una “Carta abierta a Jimmy Carter” que había escrito el presidente de la Asociación Nacional de Educación Católica de los Estados Unidos, Pbro. John F. Meyer.[6] Meyer le reclamaba a Carter que no había cumplido con las promesas de campaña de otorgar subsidios a las escuelas católicas norteamericanas y lo acusaba de “intolerancia anticatólica”. En octubre se hizo eco de una serie de “acontecimientos científicos del más elevado nivel y calidad”: el “XII Congreso Internacional del Cáncer”, organizado por la Unión Internacional contra el Cáncer (UICC) y el “IV Congreso Argentino de Bioquímica”.[7] Tanto el Mundial como estas dos reuniones, habían recibido el boicot de las organizaciones de derechos humanos  en el exterior que denunciaban la existencia de detenidos- desaparecidos en Argentina (Franco, 2008). Asimismo, el presidente Carter estaba investigando al gobierno argentino por el mismo tema (Novaro y Palermo, 2003).

Siguiendo una lógica similar, Walsh se dedicó en varias columnas, a responder a los “enemigos” de los católicos, tal como lo venían haciendo desde los años sesenta. A principios de 1978 criticó una declaración que hizo en el diario La Razón la Liga Argentina de Cultura Laica, una de las voces más tenaces que se pronunció en ese tiempo – y antes también- en contra de la enseñanza privada y de que el Estado la financie.[8] El director atacó el concepto de “cultura laica”, ya que “no sabemos bien en qué concepto de la cultura se puede encasillar una cultura que prescinda de la dimensión religiosa y trascendente”. Era un sinsentido defender la “enseñanza laica”, porque resultaba absolutamente imposible una “enseñanza neutra, organizada la margen de cualquier constitutivo cultural religioso, o, en todo caso, un currículo donde no se de cabida a lo que se conoce como enseñanza religiosa”. En este punto coincidía plenamente con posiciones que sustentaban los tradicionalistas.

En otras notas hablaba del “sectarismo en educación”. Hacia fines de 1979 por ejemplo, se dedicó a  invalidar el contenido de las declaraciones de Arístides Alejandro Incarnato publicadas en el diario La Nación. Denunciaba que el profesor proponía “la supresión de la autorización a los sectores privados para organizar los proyectados Cursos de Conducción, Administración y Perfeccionamiento Educativo” porque el Ministerio no debía estimular “el negocio de los cursos y cursillos, organizados por instituciones privadas”, a las que guiaba, “en la generalidad de los casos, nada más que un criterio lucrativo”, cuestiones que Walsh desmentía rotundamente.[9] Hacia 1982 escribió un artículo adonde le contestaba a las voces defensoras del laicismo que criticaban la decisión del gobierno de la provincia de Catamarca de impartir la enseñanza católica en los jardines de infantes.[10]

El CONSUDEC y la multiplicación de los eventos

El CONSUDEC formaba parte del Secretariado de la Educación Católica, que estaba bajo la conducción del presidente del Equipo de Educación de la Conferencia Episcopal Argentina y se reunía dos veces al año. El presidente del Secretariado era el monseñor Antonio J. Plaza, quien contaba con la asistencia del monseñor Octavio N. Derisi y del monseñor Emilio Bianchi Di Cárcano.[11] El Secretariado de Educación Católica estaba integrado por trece organismos: el Consejo Superior de Educación Católica (CONSUDEC); el Consejo de Educación Católica de la provincia de Buenos Aires en representación de los organismos similares provinciales; la Confederación de Uniones de Padres de Familia (CUPFRA); la Confederación de ex Alumnos de los Colegios Católicos (CONEC); la Confederación Argentina Católica de Educadores (CACE); la Comisión de Educación de la Junta Central de la Acción Católica Argentina o ACA; la Junta Central de Catequesis; la Comisión de Educación de la Conferencia Argentina de Religiosos; la Comisión de Educación de la Conferencia Argentina de Religiosas; la Comisión de Educación de la Liga de Padres de Familia; la Comisión de Educación de la Liga de Madres de Familia; la Pontificia Universidad Católica Argentina y la Universidad del Salvador (ambas en representación de las universidades católicas argentinas). En general, todas las actividades que organizaban estas asociaciones eran publicadas en el periódico.

En virtud del objetivo de la Iglesia de fortalecer la participación de los católicos (Lida, 2008), hubo varios eventos que se hicieron por primera vez y gozaron de una amplia cobertura del Consudec. Por ejemplo, en septiembre de 1978 se concibió el Primer Congreso Nacional de Padres de Familia  de los Colegios Católicos, organizado por CUPFRA (Confederación de Uniones de Padres de Familia de la República Argentina), que se hizo en el Colegio La Salle y contó con la presencia del presidente Videla en el acto inaugural.[12] El propio Consejo realizaba habitualmente reuniones nacionales de rectores de los institutos católicos del nivel medio y terciario, y de Profesionales Católicos. En esos años también se hicieron los Congresos de Educación Católica que alcanzaron importantes dimensiones. En septiembre de 1977 se realizó el segundo congreso adonde se dictaron diez clases magistrales sobre el pensamiento de la Iglesia en materia de educación.[13] Fueron invitados, entre otros, el arzobispo de La Plata, Antonio J. Plaza; el padre Jorge A. Fourcade (rector del Colegio del Salvador); el hermano Ramón Martínez (director general del Colegio La Salle); y el monseñor Octavio N. Derisi (obispo auxiliar de La Plata y rector de la  Pontificia Universidad Católica Argentina). Concurrieron más de 1.200 delegados de todo el país y educadores de Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay y Bolivia. Trabajaron divididos en diez comisiones, adonde cada una analizó un capítulo del documento “La escuela católica”, aprobado y difundido por la Sagrada Congregación para la Educación Católica. El acto de clausura estuvo a cargo del segundo ministro de cultura y educación, Juan José Catalán.

A mediados de 1978 el organismo apoyó con entusiasmo la inauguración en la ciudad de Santa Fe del Primer Congreso Provincial de Educación Católica, organizado por el CONPRODEC (Congreso Provincial de Educación Católica).[14] Según la crónica, estuvo “muy concurrido” y contó con el apoyo del arzobispado de Santa Fe, cuyos titulares eran el monseñor Vicente F. Zazpe y el monseñor Edgardo G. Storni. Fue declarado de interés público por el gobierno de la provincia y estuvieron presentes el gobernador, sus ministros y el intendente. A través del periódico el director recordaba que el éxito de ese primer congreso replanteaba el viejo anhelo de que se multiplicaran “en forma periodizada  los Congresos Provinciales de la Educación Católica”.

Sumadas a estas actividades, el Consejo mantenía relaciones fluidas con dos organismos con los que organizó distintos eventos: el  Centro de Investigación y Acción Educativa, (CINAE), a cargo del presbítero Eugenio Gómez de Mier y el Instituto de Investigaciones Educativas (IIE), cuyo responsable era el pedagogo Luis Jorge Zanotti. A fines de 1977 el CONSUDEC y el CINAE organizaron la Primera Muestra Argentina de Ciencia y Tecnología. A principios de 1978 los dos organismos financiaron el primero de varios Encuentros de Directivos de Primaria que se hicieron en el Colegio La Salle.

La represión a los colegios y la confrontación con los nacionalistas

El integrismo católico en Argentina proporcionó a los militares un argumento de tipo religioso que ubicaba la represión en el horizonte de una “guerra santa”, adonde eran “enemigos” de la “nación católica” los que no profesaban esa religión y los miembros de la  iglesia llamada “progresista” o post conciliar (Mignone, 1986; Mallimacci, 1996; Zanatta, 1998; Obregón, 2005).  Siguiendo la idea de que “era imposible ignorar el papel que jugaban la cultura y la educación en los planes de la  revolución marxista”, desde los primeros meses del Proceso las fuerzas de seguridad comenzaron a intervenir colegios públicos y privados católicos, dejando cesante a los directivos y docentes “sospechosos”. La Iglesia Católica protestó en privado por estas medidas, ya que si bien las autoridades religiosas apoyaban estas acciones, lo que reclamaban al gobierno era que fuera la propia institución la que investigara y sancionara las transgresiones en sus establecimientos. Según Horacio Verbitsky (2006) los militares habían prometido en reiteradas ocasiones que iban a re implantar la enseñanza religiosa en las escuelas públicas y la cúpula eclesiástica a cambio, evitó condenar estos y otros hechos vinculados a la represión.

Efectivamente, a pesar de que las intervenciones a sus establecimientos durante los dos primeros años fueron numerosas, el director del Consudec eludió hacer algún comentario sobre lo que estaba pasando hasta mediados de 1977. Para esa fecha los nacionalistas católicos laicos nucleados en la revista Cabildo y pertenecientes al arco tradicionalista, dijeron que el presidente del CONSUDEC no “colaboraba” lo suficiente con las fuerzas del orden para erradicar la “subversión” de sus aulas.[15]  El representante del Consejo respondió rápidamente al “insólito ataque”. En esa revista, afirmaba, se había publicado una nota sin autor adonde se decía que el “principal problema” que en estos momentos debía preocupar a las autoridades nacionales y concitar la atención de las Fuerzas Armadas era “la escuela católica, a la que se atrevía a presentar, nada menos, y en forma totalmente indiscriminada, como peligrosísimo reducto de la subversión”. Todo el artículo, seguía, fue “elaborado sobre la base de rotundas y siempre infundadas y gratuitas imputaciones, que son un tejido de calumnias, respira profundo resentimiento y constituye el más grosero ataque que se haya llevado contra la escuela católica en nuestro país en los últimos años”. Finalizaba afirmando que el Consejo Superior de Educación Católica, frente a magnitud del ataque, declaraba su más firme rechazo de cuanto se afirmaba en el artículo. Así, de esta forma indirecta, los católicos manifestaron su contrariedad por las acusaciones que estaban recibiendo los encargados de sus colegios.

            Dichas intervenciones habían comenzado durante la gestión del primer ministro de cultura y educación, Ricardo P. Bruera, de quien decían, era un “experto” en materia educativa. Bruera y su esposa Nelly Sanz de Bruera, eran conocidos católicos conservadores de la provincia de donde eran oriundos, Santa Fe, y él había sido un alto funcionario de la cartera educativa nacional en los años de la anterior dictadura (1966-1973).  En sus discursos públicos, Bruera incluía citas de religiosos, tanto de San Agustín y como del pedagogo del Opus Dei, Víctor García Hoz. Siguiendo a este último, explicaba que él adscribía a una “pedagogía de los valores”, a la “pedagogía del esfuerzo” y al “desarrollo libre y autónomo de la personalidad”.[16] Como veremos más adelante, Bruera sería uno de los promotores de su visita al país unos años después.

Desde el periódico se insistía en que los ministros debían darle más “participación” a los docentes. Ciertamente, se referían exclusivamente a los profesores que trabajaban en los establecimientos católicos. En diciembre de 1976 Bruera aprobó una reforma curricular para el nivel primario que apuntó a profundizar el sesgo católico de las áreas y en especial de “Estudios Sociales”. El director elogió los nuevos programas por el “loable propósito formativo integral y antienciclopedista”.[17] En otro artículo retomaba una vieja idea elitista de la educación, adonde sugería que se debía considerar la posibilidad de otorgarle al niño de primaria “una salida laboral a esa altura”.[18]  Esta noción suponía que la educación secundaria era solo para las élites y que la mayoría de la población debía aspirar solo a cursar algunos años de la formación básica.     

Cuando Bruera renunció por diferencias con los miembros de la Armada, el Consudec no hizo ningún comentario. Durante más de dos meses los militares no se pusieron de acuerdo sobre quién sería el nuevo ministro. Recién a mediados de junio de 1977 nombraron al segundo mandatario, Juan José Catalán. De este funcionario, los redactores manifestaron cierto desconcierto ya que no provenía del ámbito educativo. En un intento de congraciarse con Videla, destacaron de su trayectoria la pertenencia al SEA (Sociedad de Estudios y Acción Ciudadana), que era una organización de neoliberales ligada al poderoso ministro de economía, José A. Martínez de Hoz.

El ministro se destacó, entre otras cosas, porque hizo circular en las escuelas un documento denominado Subversión en el ámbito educativo. Conozcamos a nuestro enemigo. El texto se había hecho para facilitar la “comprensión del fenómeno subversivo que vivía la Argentina de esos días” y a los fines de “explicar en forma directa y clara los principales acontecimientos sucedidos” sobre el “accionar del marxismo”. Al contrario de los nacionalistas, que lo elogiaron enfáticamente (al contenido, no al ministro), en el periódico eludieron hacer alguna observación. Después de haber anunciado una reforma que no pudo concretar y se supo que había renunciado, el director del Consudec criticó duramente su gestión.[19] En los últimos tiempos, decía, había cometido varios “desaciertos” que provocaron “espinudas e irritativas reacciones en el área y sus adyacencias” debido al alto grado de “improvisación” que lo caracterizó.[20] La cartera volvió a quedar vacante por unos meses porque nuevamente no había consenso sobre la elección del próximo ministro.

La gran esperanza de los católicos: Llerena Amadeo

Luego de estas dos breves gestiones, los militares de la Junta aceptaron la sugerencia de los cardenales Pironio, Primatesta y Aramburu y en noviembre de 1978 nombraron como ministro al abogado Juan Rafael Llerena Amadeo, quien pertenecía a la Corporación de Abogados Católicos “San Alfonso María de Ligorio”, fue subsecretario de educación de la dictadura anterior, era profesor de la Universidad Católica Argentina y del Salvador, y desde 1976, secretario académico de la  Facultad de Derecho de la  Universidad Nacional de Buenos Aires o UBA. Cuando asumió, el periódico lo saludó afirmando que era “dueño de un pensamiento definido” y poseía una rica experiencia en materia educativa.[21]

En ese mismo número, el sacerdote planteó una de las declaraciones más explícitas en términos de lo que la Iglesia pretendía de un nuevo ministro. Concretamente, pedía que el Ministerio les autorizara a los directores y rectores de los establecimientos católicos, la creación de más secciones en los jardines, grados en la primaria o divisiones en la secundaria. Advertía que “Las familias cristianas” no querían “librar la educación de sus hijos a un laicismo implacable y trasnochado, borro de contenidos religiosos y sin sólidos basamentos morales”. En consecuencia, “se necesitaban colegios católicos para varones y mujeres en la Capital, en sus alrededores y en las grandes ciudades: buenos colegios congregacionales, parroquiales y promovidos por laicos”. Por otra parte, se preguntaba, “¿hasta cuándo se seguirá en nuestro país con una escuela pretendidamente neutra, en la que entran todas las criaturas, pero no puede entrar el Creador? No es fácil ni simple la solución pero hay que buscarla, sin tomar en cuenta, por antidemocrática, la opinión de un grupúsculo de rezagados en un tiempo superado”.[22]

            Además, en las páginas centrales se publicó un discurso entero que Llerena Amadeo había formulado en la VII Reunión Nacional de Profesionales Católicos que se realizó en octubre en Mendoza, es decir, cuando ya se sabía que podía convertirse en el futuro ministro. Fue convocada por la Asociación de Profesionales de Acción Católica y la conferencia se llamaba “Familia, Iglesia y Estado en la Educación”, adonde se explayaba acerca del “principio de subsidiariedad”. Parafraseando al Papa Pío XI, que a su vez citaba la encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII, Llerena Amadeo citaba: “tengan bien entendido esto los que gobiernan: cuanto más vigorosamente reine el orden jerárquico entre las diversas asociaciones, quedando en pie este principio de la función supletiva del Estado, tanto más firme será la autoridad y el poder social y, tanto más próspera y feliz la condición del Estado”.[23] El principio de subsidiariedad, explicaba, se oponía tanto a la economía liberal como a la economía dirigida, y consistía fundamentalmente en que los individuos y los grupos sociales tenían el derecho de realizar toda la actividad social y económica para la cual tenían competencia. Por lo tanto, era injusto que el Estado absorbiese esas actividades, ya que su misión era supletoria, subsidiaria. Con un ejemplo aclaraba la cuestión: “Sabemos que a los padres, o sea, a la familia corresponde el cuidado y educación de los hijos. Pudiendo educarlos la familia, siendo competente para ello, no tiene por qué intervenir el Estado. Pero, supongamos el caso de padres locos o degenerados o el de niños huérfanos o abandonados. En ello es evidente la necesidad de la intervención del Estado que ‘suple’ la incapacidad o ausencia de los progenitores”.

            Llerena Amadeo planteaba que las tareas del Estado eran las de conocer la realidad del país, realizar investigaciones teóricas, formular los fines y objetivos de las políticas, planificar, formular cursos de acción y supervisar el proceso de enseñanza aprendizaje. La ejecución del proceso de enseñanza- aprendizaje y su evaluación, no podían ser actividades exclusivas del Estado, porque si se dedicaba a ellas, se excedía “en su misión de suplencia” y omitía las propias que eran “dirigir, vigilar, urgir y castigar”. La aplicación de este “sano y acertado principio a la acción estatal”, traería como consecuencia “una mayor eficacia y armonización en las acciones de las tres instituciones: Iglesia, Estado y familia”.

En esa Reunión de Mendoza, el futuro ministro aclaraba que la educación pública no debía prevalecer por sobre lo que él llamaba la “enseñanza pública privada”.  Recordaba entonces las conclusiones de la Primera Convención Nacional de Enseñanza Privada que se realizó en Buenos Aires en 1964. Sobre la “libertad de enseñanza”, los participantes proponían la “total vigencia de los siguientes derechos”: derecho a abrir y organizar escuelas, de formular planes y programas; de formular el contenido ideológico de la enseñanza; de elegir profesores y textos; de utilizar los métodos que se consideren idóneos; de disciplinar la vida escolar y su vida interna; de calificar y promover a su propio alumnado; de otorgar títulos; de participar equitativamente en el presupuesto escolar; derecho de los distintos agentes de la  educación en todo aquello que atañe a “la regulación de la  libertad de enseñanza, en razón de su ordenación al bien”.

Llerena Amadeo creía que el Estado debía destinar suficientes medios económicos para “asegurar la vigencia de la escuela privada” y pretendía un “mayor desarrollo de la enseñanza pública”, entendida como estatal y privada. Lo que se buscaba era que la “libertad de enseñanza”  no se viese dificultada “administrativa, económica o estructuralmente” por el Estado. Terminaba con una cita del pedagogo García Hoz, quien sostenía que cuando los ideólogos y los gobernantes modernos buscaron que el Estado se hiciera cargo de la educación, esto significó “un ataque radical a la libertad del hombre y a la familia”.

A poco de asumir, en diciembre de 1978 el ministro aprobó una reforma curricular que abarcó los tres primeros años de la secundaria. Se creó una nueva materia llamada Formación Moral y Cívica que fue bienvenida por distintos grupos de católicos, ya que introducía más temas religiosos y los profesores afines aprovecharon para incluir textos como la Biblia y las encíclicas papales (Privitellio, 2004; Kaufmann, 2006; Kaufmann y Doval, 2006; Alonso, 2007).  Sin embargo, la aparición de esa asignatura fue muy criticada por organizaciones judías, evangélicas, laicas y de editorialistas de diarios conservadores. A pesar de las polémicas, la materia siguió vigente igual. En los niveles terciario y universitario solía ser frecuente la incorporación de los libros de García Hoz. Como han señalado otros investigadores, éstos circulaban en las universidades argentinas como las de Rosario, Entre Ríos, San Juan y La Plata (Doval, 2003; Fillipa, 1997; Paso, 2008).

Durante la gestión de Llerena Amadeo, García Hoz fue invitado a la Argentina como parte de un “programa anual de intensificación de los estudios pedagógicos”, por la comisión asesora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas o CONICET, adonde estaba el ex ministro Bruera, quien también era un asiduo seguidor del pedagogo.[24] Se sumó a la organización el CINAE y el IIE organismos que tenían relaciones fluidas con el CONSUDEC, como mencionamos más arriba. El español Víctor García Hoz pertenecía al Opus Dei y estuvo cerca del primer franquismo. Se doctoró en Pedagogía, fue director del Instituto de Pedagogía “San José de Calasanz” del Consejo Superior de Investigaciones Científicas hasta 1981 y de la revista Española de Pedagogía; resultó el fundador y primer presidente de la Sociedad Española de Pedagogía y director de la revista de esa organización, Bordón. Entre otras cosas, estaba a favor de la inclusión de la enseñanza católica en todos los niveles,  proponía la separación de los sexos en el sistema educativo y el dictado de materias específicas para varones y mujeres. Su paso por la Argentina gozó de una amplia cobertura del Consudec, lo que revelaba los vínculos del Consejo con los representantes locales del Opus, como Marcos Ronchino.

En agosto de 1979 el Consejo realizó el III Congreso de Educación Católica, adonde habían participado varios ex funcionarios y funcionarios del Ministerio de Cultura y Educación. Entre otras cosas, se había concluido que el CONSUDEC debía ocuparse de capacitar específicamente a los docentes de sus colegios que daban la materia Formación Moral y Cívica. En la misma línea, el Equipo de Educación Católica de la  Conferencia del Episcopado Argentino hizo igual sugerencia. Siguiendo estas recomendaciones, en 1981 el CONSUDEC organizó la Primera Reunión de Profesores de Formación Moral y Cívica en las instalaciones del Colegio de la Santa Unión. Los profesores podían asistir voluntariamente y el periódico hizo una importante publicidad al evento. Después de realizado, se dieron a conocer los textos de las conferencias y las conclusiones de cada una de las comisiones. Con el propósito de reforzar este trabajo, ese mismo año el CINAE volvió a invitar a García Hoz al país y fue la figura central de sus IV Jornadas Educacionales.[25]

El anuncio de la nueva Ley de Educación

A mediados de 1978 el presidente Videla ordenó conformar una comisión dentro del Ministerio de Planeamiento - que luego pasó a tener el rango de Secretaría- para que elaborara el anteproyecto de una nueva Ley de Educación, un antiguo anhelo de los católicos. Dicha comisión estaba integrada por ex funcionarios del anterior gobierno de facto (1966-1973). Uno de los puntos clave del anteproyecto y que generaba el entusiasmo de los católicos, era que introducía la “Formación religiosa” para todos los niveles de la enseñanza. El otro punto era el que garantizaba el financiamiento del Estado a la educación privada, en nombre de la “libertad de enseñanza”.

Llerena Amadeo dio un reportaje a fines de diciembre de 1979 en el diario La Razón que luego fue transcripto por el director del Consudec, que recomendaba “su atenta lectura”.[26] Entre otras cosas, defendía la futura ley con argumentos que cierto catolicismo venía sosteniendo en el país desde los años treinta. A la pregunta de si la nueva norma seguiría estableciendo los principios de “obligatoriedad, laicidad y gratuidad” de la enseñanza contenidos en la ley 1.420, el ministro contestó que la obligatoriedad no sería modificada. Respecto a la laicidad, dijo que no era cierto que la ley 1.420 sostuviera el principio de laicidad, ya que allí se autorizaba a los ministros del culto para que pudieran enseñar religión fuera de la hora de clase. Admitía que “nosotros siempre hemos hablado que no puede ignorarse la existencia de Dios en las escuelas, cuando la realidad es que nuestra misma Constitución nos habla de la existencia de Dios como fuente de toda razón y justicia”. Por lo tanto, “el reconocimiento de la existencia de Dios y el hecho espiritualista de que el hombre viene de Dios y vuelve a Dios no puede negarse dentro de la enseñanza. Este sería el divorcio con nuestra propia Constitución Nacional”.

Es preciso acotar que los católicos pretendían, tanto que se introdujese la enseñanza de la religión dentro de las horas de clase (y esa era la diferencia fundamental entre el anteproyecto que defendían y la 1.420); como que todas las materias siguiesen una orientación católica tradicional y anticientífica. Por ejemplo, en esos años se manifestaron en contra de la “matemática moderna” y de la “gramática estructural”, esgrimiendo argumentos de tipo religiosos. Puestos a elegir, algunos grupos preferían la segunda opción antes que la primera. 

En cuanto a la gratuidad, el ministro entendía que todo aquello que era obligatorio debía ser gratuito, pero también creía “que la gratuidad no puede ser una injusticia social y que, por ahí, la enseñanza que se brinde sea gratuita para aquellas que la puedan pagar y que, por esa misma circunstancia, no llegue a aquéllos que no estén en condiciones de poder pagarla”. Este mismo razonamiento, que suponía que las clases medias debían financiarse la educación, fue formulado por otros funcionarios del Ministerio que proponían el arancelamiento de la educación pública desde el nivel preescolar hasta el universitario. Cabe señalar que en 1981 impusieron el arancel en la universidad, medida que recibió críticas de diversos actores y que fue anulada con la llegada de la democracia.

En marzo de 1980 el ministro dio el discurso de apertura de las clases en Santiago del Estero – la única provincia que había re implementado la educación católica en el sistema público- y fue transmitido por cadena nacional.[27] Anunció que se iba a aprobar la ley general de educación y que estaba basada en tres conceptos: “libertad, coordinación y progreso”. Explicó que la ley iba a seguir las nociones de libertad de enseñar y de aprender; el derecho de los padres a la educación de sus hijos y por tanto a la elección de la escuela para ellos; la lícita colaboración con la familia de asociaciones y grupos civiles menores; la función de las distintas comunidades religiosas; y la peculiar misión de la Iglesia Católica y el lugar tradicional que ella ocupaba en la sociedad argentina. Era una ley “federal” porque debía ser aplicada a nivel nacional, provincial y municipal y “orgánica” porque comprendía todos los niveles, de preescolar hasta el universitario. Concluía diciendo que todo estaba “pensado en función del objetivo del Proceso de Reorganización Nacional, razón de cuanto se ha venido haciendo en educación desde el 24 de marzo de 1976”. Las distintas medidas educativas eran “expresiones diversas de una misma y única realidad: la política del gobierno de las Fuerzas Armadas para la recuperación de la República y el bien común de la Nación”.

Las medidas que perjudicaban a los colegios católicos

Cada vez que asumía un nuevo ministro de cultura y educación, los del CONSUDEC solicitaban una audiencia. En general, los representantes informaban al mandatario de turno acerca de las actividades que desarrollaba el organismo, planteaban el tema del acceso a la información oficial y hablaban sobre la necesidad de incrementar la subvención a la enseñanza privada. Durante los primeros años se manifestaron de acuerdo con la “lucha contra la subversión” que estaban llevando a cabo las autoridades del Proceso y declaraban que harían todo el esfuerzo necesario para erradicarla de sus colegios.

En octubre de 1979 le pidieron a Llerena Amadeo una entrevista formal, adonde le dijeron estar preocupados por el destino del impuesto para la educación técnica.[28] El problema se había suscitado porque desde el Ministerio de Economía se estaba analizando la posibilidad de suprimir, dentro de la Ley de Presupuesto para 1980, las fuentes impositivas de ingreso llamadas fondos especiales o impuestos menores. El Consejo estaba en desacuerdo con la eliminación de esos fondos, que estaban vigentes desde 1944, porque con ellos se financiaban más de 60 escuelas propias.  Según el argumento de los católicos, la abolición significaba “una violación del principio de subsidiariedad en la educación” que había permitido que el sector privado desarrollara una actividad educativa especialmente conectada con la formación de mano  de obra especializada y la especialización técnica. Cuando finalmente se conoció la disolución de esas partidas, los del Consejo advirtieron que “perjudicando al sector privado de educación, el gobierno iba en contra del principio y la línea global de su política”.

Como bien señalaban los católicos, con su política económica de ajuste, el gobierno terminó afectando, no solo al sector público sino también al privado de la educación, que en el país era mayoritariamente católico. Otra situación conflictiva ocurría con las escuelas católicas subsidiadas por el Estado. En su ánimo de evitar la confrontación, el Consudec no se hizo eco de una noticia que sí salió en los diarios nacionales.  En La Opinión se hablaba de los problemas que estaban teniendo los docentes de los institutos privados de nivel primario, secundario y superior.[29] Se calculaba que eran unos 1.820 en todo el país, de los cuales 1.280 recibían el ciento por ciento de ayuda estatal. Por esta situación, los docentes de las escuelas privadas habían cobrado con demoras que llegaron “hasta los 22 días”. El periodista afirmaba que el sentido de subsidiariedad, que en otros ámbitos del Estado se aplicaba a veces, aparecía ahora como “escatimado”. Y que este presunto “gasto” era verdaderamente una “inversión”, dada la “importante contribución que para la educación argentina llevaban a cabo estos institutos”.

Por otra parte, los del Consejo debieron salir a dar explicaciones porque el gobierno los acusaba de haber cometido varias irregularidades que fueron difundidas por la prensa. La Dirección Nacional de Lealtad Comercial, de la Secretaría de Estado de Comercio y Relaciones Económicas Internacionales había citado al CONSUDEC y a la Asociación de Institutos incorporados “para propinarles, con ocasión de determinadas irregularidades en que habrían incurrido algunos institutos privados incorporados a la enseñanza oficial y que fueron denunciadas ante él, una severa advertencia”.[30]

El director quería aclarar lo sucedido, ya que entendía que los diarios habían tratado equivocadamente la información. Admitía que las irregularidades habían existido y eran de tres tipos: el cobro simultáneo de cuotas mensuales de noviembre y diciembre; el cobro universal de montos por actividades optativas, con la inclusión a partir del mes de agosto de una nueva suma por Educación Física; y la percepción de porcentajes punitorios elevados en los casos de atrasos en el pago del arancel. El responsable del Consudec explicaba que en todo momento la reunión con las autoridades de la Dirección había sido “amistosa” y “gentil” y que los institutos se comprometieron a regularizar estas situaciones que, de ningún modo, abarcaban a la totalidad de los colegios, sino a una ínfima parte. Un tiempo después volvieron a ser denunciados alrededor de cien escuelas y colegios privados de la Capital y el Gran Buenos Aires por la oficina legal del flamante Ministerio de Comercio e Intereses Marítimos. Nuevamente fueron acusados de incumplir las normas respecto a los aranceles máximos que los institutos privados de todo el país debían aplicar.[31]

Reflexiones finales

Una vez que Llerena Amadeo dejó el Ministerio, los católicos del CONSUDEC realizaron un balance de su gestión. Evitando hacer mención a los problemas que habían tenido y admitiendo que el ministro no era responsable de ciertas decisiones, el director le expresó su reconocimiento por las “múltiples atenciones” que había tenido para con el Consejo y lo felicitaba por sus “logros”. Concluía que Llerena Amadeo había sido “fiel” al “sector público no oficial de la educación” y “a los criterios de la libertad de enseñanza” y esperaba que el anteproyecto de Ley de Educación fuese aprobado.[32]

Aunque los siguientes ministros hicieron anuncios sobre su inminente sanción, la Ley nunca salió. A lo largo de este artículo hemos visto que católicos de distintos grupos conservadores y tradicionalistas (dentro de estos, nacionalistas y del Opus Dei) ejercieron una importante influencia en el gobierno. Aún así, ni Llerena Amadeo ni los otros encargados de la cartera pudieron hacer cumplir la agenda de la Iglesia, que, como ya mencionamos, consistía en la derogación de la  Ley 1.420, la imposición de la enseñanza religiosa a nivel nacional y la expansión del sistema privado- católico, entre otras cosas.

De todos modos, es innegable que durante el Proceso el CONSUDEC y otros organismos vinculados vieron incrementar el número de eventos y de personas que concurrían a los mismos. Los sucesivos ministros y otros importantes miembros de los gobiernos locales, provinciales y nacionales, apoyaron entusiastas todas las reuniones que se organizaron en esos años. De igual forma, los mandatarios hicieron reformas curriculares que los favorecieron. Este importante movimiento comenzó a decaer cuando Videla dejó el poder y el Proceso se vio inmerso en una crisis política, social y económica que no hizo más que acrecentarse avanzados los años. Después del fracaso de la guerra de Malvinas (1982), las autoridades dictatoriales no tuvieron más remedio que aceptar la apertura democrática. El Consudec se replegó en sí mismo y, a tono con los nuevos aires, se dedicó a comentar cada una de las propuestas de los distintos partidos políticos.

            Finalmente, la pregunta que habría que intentar contestar es por qué la Iglesia no logró sus objetivos en un gobierno que supuestamente le eran afín. Consideramos que esto ha sido producto de un conjunto de factores, adonde le jugaron en contra, tanto la presión que ejercieron las organizaciones no católicas y la arraigada tradición laicista del país, como las diferencias internas que existieron entre los distintos integrantes del gobierno del Proceso respecto al rol que debía cumplir la Iglesia en la educación.

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